ANDRÉS S., INGENIERO PETROLERO Y ABOGADO, 49 AÑOS

“Durante muchos años fui petrolero, tengo una maestría en proyectos y soy abogado. Estuve privado de libertad en el Centro de Detención Provisional El Inca (CPPL Masculino Pichincha N° 1) durante veinte y dos meses en la época de la pandemia. Conté con la fortuna de tener un muy buen grupo dedicado a darnos apoyo (me refiero al departamento de psicología del centro). Estas personas daban unas charlas fantásticas, interactivas, y nos ayudaban a deshacernos de complejos y egos. Eran charlas bastante humanas en las que siempre estaba presente el tema de la resiliencia. Creo que eso es fundamental ahí, adentro, que la gente necesita mucho de ese “bálsamo”, porque en los centros de privación de libertad es muy fácil perderse (si no estabas ya perdido antes de entrar). La gente no sale igual que como entra. Es una experiencia que te cambia y, en algunos casos, te vuelve más humano. A mí, como persona, me cambió ciento ochenta grados.

¿Por qué estudié Derecho? Bueno, yo vengo de una familia de petroleros, pero siempre quise ser abogado. Me puse a estudiar antes de estar detenido y allí me permitieron seguir y hacer las prácticas preprofesionales, colaborando con estudios de casos para los defensores públicos que no podían ir porque estábamos en pandemia. Eso, para mí, fue muy bueno, porque ahora hago estudios de casos en mi despacho jurídico.

Tuve también la suerte de contar con un buen abogado, con el que pusimos un recurso de revisión y, después de la etapa de prelibertad, se resolvió mi causa en enero de este año (2024), de manera positiva. No obstante, esa no es la suerte de todos. Estar detenido, para mí, fue como una escuela, porque ahora entiendo lo que necesita el privado de libertad. Entonces, lo primero es actuar con justicia en los cobros. No digo que no se deba cobrar por el trabajo, pero a veces por el precio que cobran los abogados no dan el servicio que deberían: no investigan los casos, no contestan las llamadas, cobran a todos igual, etcétera. Hace poco tuve un caso de una señora cuyo esposo estaba detenido. Esta mujer también tenía hijos con la expareja, quien nunca se había hecho responsable de la pensión de alimentos. Era una persona muy pobre, que afrontaba el gasto de sus hijos sola y, además, ayudaba al esposo privado de libertad. En mi estudio nos hicimos cargo del caso, sin cobrar nada, y ahora ella recibe la pensión para sus hijos. Aquello marcó una gran diferencia para esa persona».

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